Con la crisis que sufrimos este último par de años estamos viendo como los fraudes a la Seguridad Social y a la Hacienda Pública se hacen cada día más habituales sin que las autoridades pertinentes parezca que tomen medida alguna que palie esta situación. Sobran funcionarios en las oficinas de tramitación y faltan inspectores de esos mismos organismos en la calle, persiguiendo el fraude de empresas y trabajadores (aunque nombrar a estos últimos no sea políticamente correcto). Una de las últimas medidas, y probablemente la más polémica, es el incremento del IVA al 18%. No quiero introducirme sobre la utilidad o no de la decisión tomada pero me gustaría reflexionar sobre en los fraudes al erario público, de este impuesto y de otras situaciones similares que carecen de control alguno por parte de las autoridades. Parece que hoy por hoy la única manera de incrementar los ingresos es aumentar la recaudación. El fraude está instaurado en nuestra sociedad y se deja a un lado el ahorro y la gestión eficiente de los recursos. Los cuales suplirían en muchos casos estos incrementos impositivos y estimularían la economía al disminuir el porcentaje de renta que destinan a impuestos los contribuyentes.
Solamente hay que hablar con cualquier asesor para comprobar que la mayor parte de las medianas y pequeñas empresas no pagan IVA y las pocas que lo hacen, reembolsan cantidades irrisorias en comparación a las que debieran abonar. En época de trimestrales la mayor parte de las empresas y asesorías viven una vorágine de obtención de facturas con las que justificar el IVA cobrado. Hacienda con una recaudación más efectiva, probablemente supliría parte de esta subida, haciendo innecesario repercutir un incremento de precios a la mayoría de los ciudadanos. Subirá la inflación puesto que los comercios aplicaran el impuesto en sus ventas, pero probablemente las empresas lo interiorizaran como beneficio propio y únicamente las grandes operaciones serán las que incrementen la recaudación.
Otro caballo de batalla es el subsidio de desempleo. Las antiguas oficinas del INEM han olvidado su objetivo principal, la búsqueda de trabajo a desempleados, y se limitan casi en exclusiva a la tramitación del subsidio ligado al mismo. Es una realidad, hoy en día casi nadie busca trabajo en el SAE. Aquí tampoco se lucha para evitar el fraude o promover la búsqueda activa de empleo. Son muchas las personas que compatibilizan el trabajo en economía sumergida con el cobro del desempleo y no seamos ingenuos, en muchas ocasiones no es una imposición del contratista, si no una condición solicitada por el supuesto desempleado. Y muchas otras no buscan empleo activamente, se limitan a rechazar una tras otra las ofertas que le realizan desde este organismo. Hace unos meses una noticia de prensa nos relataba como una oferta de agricultura había sido rechazada por más de ciento cincuenta personas antes de que alguien la aceptara ¿es esto normal? ¿No existe limitación en el rechazo de ofertas de trabajo? He llegado a escuchar como personas afirman que pierden dinero si aceptan un trabajo puesto que no les merece la pena trabajar por novecientos o mil euros, en determinada localidad o con cierto horario que no les viene bien. Prefieren continuar lucrando el subsidio ¿esto genera producción o riqueza a la economía global del país? ¿debería ser esto lícito?
En cuanto a las subsidios derivados de incapacidad temporal, más conocidas como bajas médicas, el fraude es tan amplio y tan poco perseguido que asusta cuando conoces las situaciones que diariamente se viven en nuestros centros de salud o mutuas. Son incontables las personas que cobrando una baja están trabajando. Recuerdo que el requisito para tener derecho a estos subsidios no es estar enfermo o accidentado si no que estas lesiones te impidan trabajar. ¿Por qué no se controla la laxitud de los servicios médicos a la hora de dar bajas o se mejora la eficacia en la gestión de los mismos? Este es probablemente uno de los pocos casos en los cuales la entidad pagadora (Seguridad Social, dependiente del Ministerio de Trabajo e Inmigración) es diferente a la entidad que autoriza el cobro (Servicio Andaluz de Salud dependiente de la Junta de Andalucía). O el caso de muchos pensionistas, ¿cuántas personas que cobran una pensión de incapacidad permanente para trabajar en cualquiera de sus grados pasarían una revisión de grado? La ley está preparada para revisar las pensiones de la gente para que en caso de curación o disminución de la minusvalía se modifiquen las pensiones. La semana pasada se me daba el caso de una empresa de seguros privada se negaba a abonar una indemnización a un pensionista con una gran invalidez porqué lo había grabado deambulando con total normalidad por la calle, cargado con bolsas de la compra, yendo al gimnasio a practicar deporte con regularidad, etc. y supuestamente solo podía deambular con dificultad ayudado con un bastón. Estamos hablando que esta persona tiene reconocida una incapacidad permanente para realizar cualquier trabajo y tiene la necesidad de una persona para ayudarlo en cualquier labor cotidiana. Está cobrando de la Seguridad Social un sueldo mensual del 150% de la base de cotización ¿es esto justo? Hace poco vi otro caso de una persona sin visión en un ojo y con una visión de un 10% en el otro que también tiene reconocida una pensión de incapacidad permanente total y se le podía observar conduciendo con normalidad ¿no existe nadie que controle estas situaciones? Seguro que si el estado revisase muchas de estas situaciones la capacidad de ahorro del sistema sería mayor e incluso permitiría el incremento de las prestaciones sociales a aquellas personas que realmente lo necesiten.
Igualmente, son muchas las personas que exclusivamente están dadas de alta como trabajadores autónomos para el lucro indebido de estos subsidios y de pensiones de jubilación en un futuro. ¿Por qué la Tesorería no revisa el encuadramiento de dichos “trabajadores”? Con una baja de apenas un tres de meses de duración te comes las cotizaciones destinadas a este supuesto guardadas durante más de quince años ¿es esto rentable para el sistema? Si a esto le sumamos las pensiones de jubilación que cobraran en un futuro realmente su saldo con el sistema es claramente deficitario de una manera completamente intencionada y con ánimo de fraude.
Estas situaciones no generan riqueza alguna y perjudican en gran medida a la recuperación económica. Los estados deben propiciar las condiciones necesarias para el desarrollo económico y prestar ayuda en situaciones de penuria, pero eso no implica que se descuide la gestión y control de las prestaciones que concede. Deberíamos exigir más de aquellos que controlan y gestionan el dinero recaudado por todos los ciudadanos. A veces, cuando queremos llenar un cántaro de agua es mejor reparar los agujeros que abrir más el grifo.
Solamente hay que hablar con cualquier asesor para comprobar que la mayor parte de las medianas y pequeñas empresas no pagan IVA y las pocas que lo hacen, reembolsan cantidades irrisorias en comparación a las que debieran abonar. En época de trimestrales la mayor parte de las empresas y asesorías viven una vorágine de obtención de facturas con las que justificar el IVA cobrado. Hacienda con una recaudación más efectiva, probablemente supliría parte de esta subida, haciendo innecesario repercutir un incremento de precios a la mayoría de los ciudadanos. Subirá la inflación puesto que los comercios aplicaran el impuesto en sus ventas, pero probablemente las empresas lo interiorizaran como beneficio propio y únicamente las grandes operaciones serán las que incrementen la recaudación.
Otro caballo de batalla es el subsidio de desempleo. Las antiguas oficinas del INEM han olvidado su objetivo principal, la búsqueda de trabajo a desempleados, y se limitan casi en exclusiva a la tramitación del subsidio ligado al mismo. Es una realidad, hoy en día casi nadie busca trabajo en el SAE. Aquí tampoco se lucha para evitar el fraude o promover la búsqueda activa de empleo. Son muchas las personas que compatibilizan el trabajo en economía sumergida con el cobro del desempleo y no seamos ingenuos, en muchas ocasiones no es una imposición del contratista, si no una condición solicitada por el supuesto desempleado. Y muchas otras no buscan empleo activamente, se limitan a rechazar una tras otra las ofertas que le realizan desde este organismo. Hace unos meses una noticia de prensa nos relataba como una oferta de agricultura había sido rechazada por más de ciento cincuenta personas antes de que alguien la aceptara ¿es esto normal? ¿No existe limitación en el rechazo de ofertas de trabajo? He llegado a escuchar como personas afirman que pierden dinero si aceptan un trabajo puesto que no les merece la pena trabajar por novecientos o mil euros, en determinada localidad o con cierto horario que no les viene bien. Prefieren continuar lucrando el subsidio ¿esto genera producción o riqueza a la economía global del país? ¿debería ser esto lícito?
En cuanto a las subsidios derivados de incapacidad temporal, más conocidas como bajas médicas, el fraude es tan amplio y tan poco perseguido que asusta cuando conoces las situaciones que diariamente se viven en nuestros centros de salud o mutuas. Son incontables las personas que cobrando una baja están trabajando. Recuerdo que el requisito para tener derecho a estos subsidios no es estar enfermo o accidentado si no que estas lesiones te impidan trabajar. ¿Por qué no se controla la laxitud de los servicios médicos a la hora de dar bajas o se mejora la eficacia en la gestión de los mismos? Este es probablemente uno de los pocos casos en los cuales la entidad pagadora (Seguridad Social, dependiente del Ministerio de Trabajo e Inmigración) es diferente a la entidad que autoriza el cobro (Servicio Andaluz de Salud dependiente de la Junta de Andalucía). O el caso de muchos pensionistas, ¿cuántas personas que cobran una pensión de incapacidad permanente para trabajar en cualquiera de sus grados pasarían una revisión de grado? La ley está preparada para revisar las pensiones de la gente para que en caso de curación o disminución de la minusvalía se modifiquen las pensiones. La semana pasada se me daba el caso de una empresa de seguros privada se negaba a abonar una indemnización a un pensionista con una gran invalidez porqué lo había grabado deambulando con total normalidad por la calle, cargado con bolsas de la compra, yendo al gimnasio a practicar deporte con regularidad, etc. y supuestamente solo podía deambular con dificultad ayudado con un bastón. Estamos hablando que esta persona tiene reconocida una incapacidad permanente para realizar cualquier trabajo y tiene la necesidad de una persona para ayudarlo en cualquier labor cotidiana. Está cobrando de la Seguridad Social un sueldo mensual del 150% de la base de cotización ¿es esto justo? Hace poco vi otro caso de una persona sin visión en un ojo y con una visión de un 10% en el otro que también tiene reconocida una pensión de incapacidad permanente total y se le podía observar conduciendo con normalidad ¿no existe nadie que controle estas situaciones? Seguro que si el estado revisase muchas de estas situaciones la capacidad de ahorro del sistema sería mayor e incluso permitiría el incremento de las prestaciones sociales a aquellas personas que realmente lo necesiten.
Igualmente, son muchas las personas que exclusivamente están dadas de alta como trabajadores autónomos para el lucro indebido de estos subsidios y de pensiones de jubilación en un futuro. ¿Por qué la Tesorería no revisa el encuadramiento de dichos “trabajadores”? Con una baja de apenas un tres de meses de duración te comes las cotizaciones destinadas a este supuesto guardadas durante más de quince años ¿es esto rentable para el sistema? Si a esto le sumamos las pensiones de jubilación que cobraran en un futuro realmente su saldo con el sistema es claramente deficitario de una manera completamente intencionada y con ánimo de fraude.
Estas situaciones no generan riqueza alguna y perjudican en gran medida a la recuperación económica. Los estados deben propiciar las condiciones necesarias para el desarrollo económico y prestar ayuda en situaciones de penuria, pero eso no implica que se descuide la gestión y control de las prestaciones que concede. Deberíamos exigir más de aquellos que controlan y gestionan el dinero recaudado por todos los ciudadanos. A veces, cuando queremos llenar un cántaro de agua es mejor reparar los agujeros que abrir más el grifo.
